La sociedad civil exigimos cambios firmes en la Ley de transparencia, la regulación del lobby y la protección a los denunciantes.

Valencia, 21 de abril 2017 – ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) junto con 19 organizaciones de la Coalición Pro Acceso [1] , instan a los grupos parlamentarios a adoptar un firme compromiso para que la reforma de la Ley de Transparencia garantice el derecho de acceso a la información y la regulación de los lobbies de acuerdo con los estándares internacionales.

Logos Coalició Proacceso

Las organizaciones reconocen que el texto que se está debatiendo sobre la protección de denunciantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos introduce importantes cambios en la Ley de Transparencia como la ampliación de la información que debe publicarse de forma proactiva; la eliminación de los rígidos requisitos de identificación a los solicitantes; el establecimiento de sanciones ante el incumplimiento del derecho de acceso; o la regulación de los lobbies.

Sin embargo, hay algunos aspectos de la Proposición de Ley que consideran preocupantes y han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios.

“Pedimos que los cambios aborden los problemas en la práctica, como el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas -actas, informes, listados de reuniones o las agendas completas- porque la Ley permite que arbitrariamente se considere información auxiliar,” ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.

“Para que la reforma actual no se quede en papel mojado, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, qué información deben proporcionar a la hora de registrarse y que se establezcan sanciones, en línea con los estándares internacionales para la regulación del lobby,” añade Gutiérrez.

Entre las propuestas de las organizaciones destacan:

  • Regulación del acceso a la información como un derecho fundamental[2].
  • Supresión por completo el artículo 18 relativo a las causas de inadmisión y de la disposición adicional primera sobre regulaciones especiales que van en contra de los estándares internacionales y adecuación a los estándares de los límites del artículo 14.
  • Dotar de capacidad inspectora y sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • Ampliación de la definición de lobby, la actual propuesta como actividad profesional deja fuera muchos tipos de lobistas y limita el alance de la Ley.
  • Mayor detalle en la información requerida a los lobistas para el registro.
  • Sanciones para cargos públicos por vulnerar las normas del lobby.

Inciden, además, en que, si no se abordan estos cambios, se corre el riesgo de que la reforma suponga una oportunidad perdida para avanzar en el acceso a la información y piden un compromiso para lograr una auténtica transparencia y lograr que todos los ciudadanos sean los propietarios reales de la información pública.

 [1] Access Info Europe, Asociación de Acreditacion de la Transparencia (Acreditra), Amigos de La Tierra, Archiveros Españoles en la Función Pública, (AEFP), Asociación de Archiveros de Castilla y León, (ACAL), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), Associació Ciutadania i Comunicació, (ACICOM), Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, (COBDCV), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de ONG para el Desarrollo España(CONGDE), Fundación Cibervoluntarios, Fundación Cultura de Paz, Fundación Global Nature, Hay Derecho, Open Knowledge España (OKFN-España), OpenKratio, Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Reporteros Sin Fronteras- España, Transparencia Internacional España. Personas a título individual: Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Laura Tejedor Fuentes, Profesora periodismo de datos y transparencia en la Universidad Complutense de Madrid, y Simona Levi, X-Net.

[2] Tal y como hace la jurisprudencia internacional, Naciones Unidas, El TEDH y alrededor de setenta Constituciones de diversos países en el mundo. Recientemente más de 50 académicos españoles han reclamado el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. https://www.access-info.org/es/frontpage-es/27052

 21 abril 2017
Comentarios a la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes .

La Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos presentada en el Congreso de los diputados incluye en la disposición final cuarta importantes avances y cambios en el contexto regulatorio de mínimos que ofrece la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno .
Se introducen modificaciones relevantes, necesarias y positivas especialmente en lo que se refiere a: la ampliación de la información que debe publicarse de forma proactiva; la eliminación de los rígidos requisitos de identificación y firma de los solicitantes de acceso a información; el establecimiento de unos principios y un régimen sancionador ante el incumplimiento del derecho de acceso, así como un plazo temporal a los límites aplicables al mismo; la dotación de una mayor independencia y capacidad el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o; la regulación de los lobbies y la publicidad de la información sobre las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes.
Sin embargo, hay algunos aspectos de la presente Proposición de Ley que consideramos preocupantes y que pueden ser mejorados para generar un marco regulatorio más favorable al derecho de acceso a información y a transparencia en la regulación de los lobbies. Entre estos aspectos destacan especialmente:
• La no regulación del Acceso a la información como un derecho fundamental .
• La eliminación de los test de daño y de interés público a la hora de aplicar los límites al derecho de acceso del artículo 14 puede ser perjudicial en la práctica.
• La no supresión por completo el artículo 18 relativo a las causas de inadmisión ni de la Disposición adicional primera sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública va en contra de los estándares internacionales.
• El establecimiento de sanciones ante el suministro de información falsa o de documentos cuya autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia no hubiesen sido verificadas.
• Ausencia de capacidad inspectora y sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• Definición del lobby como actividad profesional deja fuera muchos tipos de lobistas y limita el alance de la Ley.
• Poco detalle en la información requerida a los lobistas para el registro.
• Ausencia de sanciones para cargos públicos por vulnerar las normas del lobby.
Así mismo, mostramos nuestra preocupación por la redacción actual del texto en lo referente a la protección de denunciantes (o alertadores) y demandamos una norma de protección del alertador de delitos de corrupción que esté en línea con los estándares internacionales y que garantice:
• La protección a todos los alertadores no solo a los que trabajan en el sector público sino también a aquellos que lo hacen en el sector privado.
• Posibilidad de realizar denuncias anónimas.
• Protección para los alertadores que revelan información a través de cauces institucionales, pero también de cauces informales como la prensa.
• Transparencia y rendición de cuentas sobre la aplicación de la legislación y el organismo supervisor, las investigaciones y medidas de protección.
Desde las organizaciones firmantes valoramos de forma muy positiva el comienzo del debate sobre los cambios en una Ley que nació obsoleta y presenta muchas deficiencias y esperamos que nuestros comentarios y sugerencias sean de utilidad y tenidos en cuenta.
A continuación, se resumen las principales sugerencias que se detallan posteriormente:
• Propuesta1. Mayor detalle en definición de agendas y plazos de publicación.
• Propuesta 2. Nuevo punto sobre gastos de viaje y representación en información sujeta a publicación proactiva
• Propuesta 3. Mantenimiento del test de daño límites al derecho de acceso a información.
• Propuesta 4. Eliminación del artículo 18 completo sobre las causas de inadmisión.
• Propuesta 5. Eliminación del punto 2 de la Disposición adicional primera sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública
• Propuesta 6. Modificación del artículo 20.3 para clarificar la existencia de la información ante una solicitud de acceso.
• Propuesta 7. Introducir la obligación de documentar.
• Propuesta 8. Mayor claridad en los plazos de suministro de la información.
• Propuesta 9. Clarificar sujetos responsables a efectos de sanciones.
• Propuesta 10. Incluir la eliminación ilegal de documentos entre las infracciones muy graves.
• Propuesta 11. Garantizar la actualización de la información de forma periódica(I).
• Propuesta 12. Garantizar la actualización de la información de forma periódica(II).
• Propuesta 13. Garantizar el derecho de acceso a la misma información utilizada por las instituciones públicas para tomar sus decisiones, sancionando exclusivamente la publicación de información falsa con conocimiento y deliberación sin comunicar esta circunstancia (I).
• Propuesta 14. Garantizar el derecho de acceso a la misma información utilizada por las instituciones públicas para tomar sus decisiones, sancionando exclusivamente la publicación de información falsa con conocimiento y deliberación sin comunicar esta circunstancia (II).
• Propuesta 15. Infracciones en materia de acceso a la información.
• Propuesta 16. Modificación de las Sanciones disciplinarias.
• Propuesta 17. Modificación del artículo 38 para dotar al Consejo de Transparencia de capacidad inspectora y sancionadora
• Propuesta 18 Modificación del artículo 9 para dotar al Consejo de Transparencia de capacidad inspectora y sancionadora
• Propuesta 19. Modificación de conceptos y definiciones para asegurar que se cubre toda la actividad de lobby.
• Propuesta 20. Formato accesible del registro de lobbies y que cubre las relaciones con todos los actores con influencia y poder en la toma de decisiones.
• Propuesta 21. Mayor detalle de la información que debe contener el registro.
• Propuesta 22. Actualización de la información del registro de lobbies de forma coordina-da y comparabilidad de los datos.
• Propuesta 23. Establecimiento de un código de conducta para cargos públicos.
• Propuesta 24. Potenciar el papel supervisor del CTBG y mayor transparencia ante in-cumplimientos de las obligaciones.
• Propuesta 25. Mayor definición de las funciones del CTBG respecto al registro de lobbies.
• Propuesta 26 Participación de representantes de la sociedad civil en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

PROPUESTAS DETALLADAS:
Leyenda
Texto original
Propuesta de eliminación
Propuesta de adición

Propuesta 1. Cambio en propuesta actual sobre agendas en información sujeta a publicación proactiva.
Modifica el apartado 2 del artículo 6, que queda redactado como sigue: «2. Las Administraciones Públicas publicarán, además: (…) c) Las agendas completas de actividad institucional y de trabajo de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante todo su nombramiento, con posterioridad se garantizará que las agendas serán accesibles vía derecho de acceso. Con carácter general, las agendas reflejarán los hechos 5 días antes de la celebración de los mismos, En el caso en que no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a posteriori en el plazo máximo de 5 días, salvo que existan causas justificadas concurra alguno de los límites al acceso establecidos en el artículo 14. En todo caso, deberán incluirse en las agendas de actividad institucional y completas de trabajo de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, con carácter previo, las reuniones que los mismos mantengan con lobistas y lobbies. En las agendas se incluirán los expedientes de las reuniones, así como los documentos recibidos por terceras partes, utilizados o que hayan servido de soporte durante las reuniones, siempre y cuando no concurra alguno de los límites al acceso establecidos en el artículo 14.
Es necesario incluir un plazo concreto de publicación y actualización de las agendas (5 días antes de la reunión y 5 días después) y que se garantice que la información de las agendas va a estar disponible al público con la antelación suficiente para permitir la participación y, posteriormente, va a continuar accesible vía derecho de acceso para asegurar la rendición de cuentas.
Las causas justificadas tienen que encontrarse entre los límites al derecho de acceso que aparecen en el art. 14. Las agendas son información pública y sólo debe estar sujeta a los límites establecidos por la ley para garantizar la seguridad jurídica y la accesibilidad de la información.
La publicación de los documentos de soporte de las reuniones es imprescindible para garantizar la transparencia en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas.
Propuesta 2. Nuevo punto sobre gastos de viaje y representación en información sujeta a publicación proactiva.
f) los gastos de representación, dietas y viajes de altos cargos, detallando por persona el gasto, la fecha, el tipo de gasto y concepto y el importe.
Los altos cargos realizan sus funciones de representación y viajes por motivos profesionales relacionados con su trabajo y con cargo al dinero de todos. Es necesario que la sociedad disponga de la información suficiente para poder controlar y exigir la rendición de cuentas.
Propuesta 3. Cambio de propuesta actual sobre límites al derecho de acceso a información.
Modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactados como sigue: «1. El derecho de acceso solo podrá ser restringido o limitado cuando la información para la que se solicite acceso posea carácter reservado o se encuentre protegida por disposición legal expresa. acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) Las deliberaciones dentro o entre autoridades públicas en lo referente al examen de un asunto. K) La protección del medio ambiente. Estas limitaciones solo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique, sin perjuicio de la posibilidad de facilitar el acceso parcial previsto en el artículo 16.
La propuesta de la información para la que se solicite acceso posea carácter reservado o se encuentre protegida por disposición legal expresa es peligrosa y puede dar lugar a una mayor arbitrariedad y restricción del derecho de acceso en la práctica. En primer lugar, la consideración de una materia como reservada o secreta se realiza bajo unos criterios y un proceso nada transparentes (Ley 9/1968 sobre secretos oficiales) en el seno de los propios Ministerio o en el Consejo de Ministros. En segundo lugar, la protección por disposiciones legales expresas puede dar lugar a un marco complejo, confuso y compartimentado de derecho de acceso a información puesto que da la posibilidad de generar regulaciones ad hoc y especiales de acceso a información. Este aspecto va en contra de los estándares internacionales y del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos.
Los límites al derecho de acceso (a excepción de: el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y de la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión , ambos eliminados de la versión arriba presentada) se encuentran en línea con los límites establecidos en el artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos públicos . Estos límites tienen sentido siempre que se acompañen en cada caso concreto del test de daño y test de interés público (apartado 2 del artículo 14) y sirven de salvaguarda de otros derechos e intereses legítimos.
El principal problema en la práctica no se encuentra en los límites sino en las causas de inadmisión del artículo 18 y en el punto 2 de la disposición adicional primera que abordamos en la propuesta 4 y 5 de este documento.
Al respecto, es importante señalar que esta problemática de los límites sería menor si se reconociese el derecho de acceso a información como derecho fundamental, tal y como hace la jurisprudencia internacional, Naciones Unidas, El TEDH y alrededor de setenta Constituciones de diversos países en el mundo. Recientemente más de 50 académicos españoles han reclamado el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental .
Propuesta 4. Cambio de propuesta actual y eliminación del artículo 18 completo.
En base a las causas de inadmisión del artículo 18 las administraciones están denegando acceso a información relevante para conocer cómo se toman las decisiones públicas o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones (objetivos establecidos en el preámbulo de la Ley en base a la consideración de determinado tipo de información como auxiliares en base a su formato y no al contenido. A pesar de que el Consejo de Transparencia ha emitido un criterio interpretativo (CI/006/2015) en el que aclara esta situación y genera un marco más favorable al acceso, sigue siendo un recurso habitual en las administraciones y en la actualidad hay un contencioso abierto al respecto del Ministerio de Presidencia contra el Consejo de transparencia por no querer facilitar los informes remitidos por los diferentes ministerios respecto a la implementación de los planes de acción de gobierno abierto (a pesar de haberse comprometido con ello por formar parte de la alianza para el gobierno abierto) .
Así mismo, la causa de inadmisión aludiendo a la necesidad de reelaboración de la información, a pesar de que el CTBG también ha fijado un criterio interpretativo Cl/007/2015, está siendo utilizada en exceso para no proporcionar acceso a la información, por ejemplo, en solicitudes sobre agendas, datos sobre bienes e inmuebles, o estadísticas.
Este artículo 18 que supone una limitación absoluta de facto y denegación del acceso a la infor-mación sin realización del test de daño y test de interés público no existe en otras regulaciones. Además, contraviene el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos públicos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su interpretación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha estableciendo en sendas ocasiones el carácter fundamental del derecho de acceso a la información sujeto sólo a unas limitadas excepciones y justificadas.
Igualmente contraviene el artículo 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación general Nº 34 de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el órgano de expertos independientes establecidos para vigilar la aplicación de ese tratado, que incluye el derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos y el hecho de que este derecho sólo puede ser limitado mediante unas excepciones justificadas.
Propuesta 5. Nuevo punto Eliminar el punto 2 de la Disposición adicional primera sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública
Esta disposición adicional en el punto 2 establece que “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Así, en la práctica, se inadmiten a trámite (sin necesidad de aplicar los test de daño y de interés público. Es decir, sin valorar en cada caso si prevalecen otros intereses frente al acceso y si hay un interés público superior en acceder a la información) solicitudes de acceso a información que tienen que ver con datos estadísticos por el secreto estadístico; con datos de la Amnistía fiscal por la Ley General Tributaria (recientemente confirmado por los tribunales); con saber si el Sepblanc ha iniciado una investigación por blanqueo de capitales (por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo); o cualquier materia contenida en Archivos .
Esta disposición adicional genera inseguridad jurídica, crea regímenes compartimentados de acceso a información y dificulta la transparencia. También contraviene el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos públicos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Propuesta 6. Nuevo punto sobre la necesidad de clarificar la información existente ante una solicitud de acceso. Se modifica el artículo 20.3.
“Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. En caso contrario se indicará la existencia o no de la información, bien facilitando listado de la información existente o bien confirmando que no existe la información solicitada”.
En la práctica, en muchas ocasiones las respuestas a las solicitudes de acceso a información limitan lo expresamente solicitado y/o no clarifican si se dispone o no de más información. Este aspecto dificulta la monitorización y control por parte de las personas, y limita la capacidad de las personas y la sociedad de conocer qué información está en posesión de las instituciones, a cuál se concede acceso y cuáles son los criterios para aplicar los límites en el ejercicio del derecho de acceso a información. En otras regulaciones, ante respuestas a solicitudes se proporciona un listado de la información disponible identificada bajo la solicitud de información .
Propuesta 7. Nuevo punto. Introducir la obligación de documentar.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, especialmente aquellos relevantes para la transparencia en la toma de decisiones. Reglamentariamente se determinarán los supuestos, con carácter excepcional, bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
Una investigación realizada por Access Info Europe con otras 9 ONG europeas muestra que existe una grave falta de transparencia sobre cómo se toman las decisiones en Europa (España incluida). La investigación sobre 12 jurisdicciones europeas y 96 procesos de toma de decisiones encontró que el 60% de la información clave para la toma de decisiones no está disponible para el público europeo. No se publica de forma proactiva la información y no se concede acceso cuando se solicita con arreglo a las leyes nacionales, a pesar de que los marcos jurídicos europeos, en teoría, permiten el acceso a información sobre procesos de toma de decisiones, como listados de reuniones, actas de reuniones o documentos justificando las decisiones y documentos presentados por terceras partes.
Uno de los principales problemas a la hora de acceder a la información sobre los procesos de toma de decisiones es la inexistencia de documentación referente a los procesos de toma de decisiones públicas. Por ello, proponemos que se incluya de manera específica esa obligación en la ley de Transparencia.
Propuesta 8. Mayor claridad en los plazos de suministro de la información.
Añadir al Artículo 20.1 La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde el registro de la solicitud de acceso a información. la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Aunque no se disponen datos globales puesto que no se publican, la experiencia en la práctica de los solicitantes es que, en muchos casos, el tiempo transcurrido entre el registro de la solicitud de información y la recepción por parte del órgano competente comprende periodos de 15 días incluso de 1 mes, ampliando de facto el plazo de respuesta en la práctica. Para corregir esa situación, el plazo debe contar desde el día en el que se registra la solicitud, es decir, el día que se solicita la información. Recordamos que este plazo de un mes es suficiente para responder a la mayoría de las solicitudes de acceso a información y en el caso de que no diera tiempo, siempre que esté justificado, puede ampliarse el plazo de respuesta en virtud de este mismo artículo.
Modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado como sigue: «1. El acceso a la información se realizará por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando el acceso se realice por vía electrónica, la información deberá disponerse en un formato que asegure su tratamiento y reutilización por el interesado. Cuando excepcionalmente no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución, y esté debidamente justificado por el volumen de la información, deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.»
La redacción actual puede dar lugar a retrasos en el suministro de la información al añadir 10 días más al plazo de suministro de la información sin necesidad de motivación y justificación concreta. Se propone delimitar los términos de la ampliación de plazo en el suministro de la información.
Propuesta 9. Clarificar sujetos responsables a efectos de sanciones. Se añade un punto 3 al Artículo 24 ter. Responsables
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de esta Ley, son sujetos responsables de las infracciones en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información el responsable de las unidades especializadas de transparencia, así como la autoridad con rango de director general o equivalente que tenga la competencia en el estudio y/o elaboración de la información solicitada.
Se propone añadir un nuevo punto 3 al actual artículo para clarificar y especificar los responsables a efectos de la imposición de sanciones.
Propuesta 10 Nuevo punto. Incluir la eliminación ilegal de documentos entre las infracciones muy graves de la Ley de Transparencia
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y al personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2.1: 1. Son infracciones muy graves: e) la infidelidad en la custodia de documentos, espacialmente la sustracción, destrucción u ocultación, total o parcialmente, de información a sabiendas.
Propuesta 11. Nuevo Punto. Garantizar la actualización de la información de forma periódica(I).
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y al personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2.1: 1. Son infracciones muy graves: f) La falta de actualización de la información de publicación obligatoria por periodo superior a 3 meses, cuando la misma haya sufrido alguna modificación atendiendo a su naturaleza. Si la causa resultara ser la no existencia de modificación durante el período, se hará constar esta circunstancia en la información disponible. Este plazo será de un mes para la información del Artículo 6 aparatado 2c) sobre las agendas.
Uno de los principales problemas con los que se encuentra el público a la hora de consultar a la información es la falta de seguridad sobre los plazos de actualización de la misma. Es necesario garantizar que la información que se publica de forma proactiva es adecuada no sólo en forma si no en el tiempo y asegurar a las personas que la información está actualizada.
Propuesta 12. Nuevo Punto. Garantizar la actualización de la información de forma periódica(II).
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. 2. Son infracciones graves a) El incumplimiento reiterado o parcial de las obligaciones de publicidad activa previstas en este Título. (…) f) El incumplimiento de la obligación de publicar información regula-da en el título I, cuando se haya alegado la concurrencia de alguno de los límites del ar-tículo 14, sin que exista motivación o justificación de la causa de la aplicación referida al caso concreto.
(…) 3. Son infracciones leves (…)
c) El retraso en la actualización de la información que deba publicarse, entendiendo por tal el mantenimiento de información desactualizada por un periodo superior a un mese e inferior a tres, siempre y cuando haya habido alguna modificación atendiendo a la na-turaleza de la información.
d) La inadecuada atención a la plataforma electrónica en la que se publique la información que impliquen que no se pueda acceder a la misma en un tiempo superior a 24 horas.

Se pretende evitar situaciones que se están dando en la práctica como que se publique la información de forma incompleta y sin la aplicación correcta de los límites al acceso a la información en cada caso concreto. Ver justificación propuesta anterior.
Propuesta 13. Garantizar el derecho de acceso a la misma información utilizada por las instituciones públicas para tomar sus decisiones (I).
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. 2. Son infracciones graves d) El suministro de información falsa con conocimiento y deliberación sin comunicar esta circunstancia. o cuya autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia no hubiesen sido verificadas.
Es imprescindible que las personas y la sociedad tengan acceso a la misma información que utilizan las administraciones públicas. Si el documento, información o cálculos en los que se han basado las administraciones o decisores políticos para tomar una decisión o fijar los criterios de sus actuaciones, resultan ser erróneos, el acceso a la información puede ayudar a identificar dichos errores y corregir la situación.
Caso de ejemplo: la Red Escocesa de Escuelas Rurales obtuvo información a través de una solicitud de acceso a información que reveló que el gobierno regional se había basado en proyecciones financieras incorrectas para tomar la decisión de cerrar una escuela y no se habían sido conscientes de este error de cálculo. Tras conocer la situación y comprobar que era más caro el cierre que el mantenimiento de la escuela, el gobierno decidió revocar su decisión de cerrar la escuela .
Además, es importante señalar que la autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia verificadas, deberían ser requisitos imprescindibles en el acceso a información y documentos contenida en archivos. Sin embargo, en la práctica, el acceso a aquella información que no cumpla estas características – porque no haya sido introducida en el sistema de gestión documental y archivos- se vería seriamente limitado.
Propuesta 14. Garantizar el derecho de acceso a la misma información utilizada por las instituciones públicas para tomar sus decisiones (II).
Artículo 24 quinquies. Infracciones de otras entidades. 2. Infracción grave: el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación o publicar información falsa con conocimiento y deliberación sin comunicar esta circunstancia. o cuya autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia no hubiesen sido verificadas.
Misma justificación que en la propuesta 8.
Propuesta 15. Infracciones en materia de acceso a la información.
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y al personal al servicio de las entidades previstas en el ar-tículo 2.1:
1. Son infracciones muy graves:
g) La resolución del derecho de acceso, prescindiendo totalmente del procedimiento de tal forma que se produzca indefensión al solicitante de forma reiterada.
2. Son infracciones graves:
g) La inadmisión de la solicitud de información en base a alguna de las causas previstas en el artículo 18 de esta Ley, sin notificación al solicitante o carente de motivación en cumplimiento de los criterios interpretativos aprobados por el CTBG.
h) Las incorrecciones en el trato al solicitante de información.
3. Son infracciones leves:
e) La incorrección del trato a los solicitantes de información
f) El incumplimiento del deber de ayuda a los peticionarios.
Se propone añadir mayor concreción a las infracciones en materia de acceso a la información, complementando el texto ya existente para una mejor garantía del derecho.
Nuevo artículo 24 quater consolidado tras las propuestas enunciadas:
Artículo 24 quáter. Infracciones de carácter disciplinario. Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y al personal al servicio de las entidades previstas en el ar-tículo 2.1:
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en este Título cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.
c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de Transparencia en las reclamaciones que se le hayan presentado.
d) La reiteración en la comisión de, al menos, dos infracciones graves.
e) la infidelidad en la custodia de documentos, espacialmente la sustracción, destrucción u ocultación, total o parcialmente, de información a sabiendas.
f) La falta de actualización de la información de publicación obligatoria por pe-riodo superior a 3 meses, cuando la misma haya sufrido alguna modificación atendiendo a su naturaleza. Si la causa resultara ser la no existencia de modifi-cación durante el período, se hará constar esta circunstancia en la información disponible. Este plazo será de un mes para la información del Artículo 6 apara-tado 2c) sobre las agendas.
g) La resolución del derecho de acceso, prescindiendo totalmente del procedi-miento de tal forma que se produzca indefensión al solicitante de forma reitera-da.
2. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas en este Título.
b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública.
c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presen-ten ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
d) El suministro de información falsa con conocimiento y deliberación sin comu-nicar esta circunstancia.
e) La reiteración en la comisión de, al menos, dos infracciones leves.
f) El incumplimiento de la obligación de publicar información regulada en el títu-lo I, cuando se haya alegado la concurrencia de alguno de los límites del artículo 14, sin que exista motivación o justificación de la causa de la aplicación referida al caso concreto.
La inadmisión de la solicitud de información en base a alguna de las causas pre-vistas en el artículo 18 de esta Ley, sin notificación al solicitante o carente de motivación en cumplimiento de los criterios interpretativos aprobados por el CTBG.
h) Las incorrecciones en el trato al solicitante de información.
3. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en este Título.
b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solici-tud de acceso a la información pública.
c)El retraso en la actualización de la información que deba publicarse, enten-diendo por tal el mantenimiento de información desactualizada por un periodo superior a un mese e inferior a tres, siempre y cuando haya habido alguna modi-ficación atendiendo a la naturaleza de la información.
d)La inadecuada atención a la plataforma electrónica en la que se publique la in-formación que impliquen que no se pueda acceder a la misma en un tiempo su-perior a 24 horas.
e) La incorrección del trato a los solicitantes de información
f) El incumplimiento del deber de ayuda a los peticionarios.
Propuesta 16. Modificación de las Sanciones disciplinarias. Artículo 24 septies.
1. Las infracciones de carácter disciplinario que sean cometidas por los empleados públicos y el resto del personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2.1 les será de aplicación las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable. Los sujetos responsables enunciados en el Artículo 24 ter serán:
a. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación, con una declaración de incumplimiento que será publicada en la página web del CTBG.
b. Las infracciones graves se sancionarán con amonestación, con una declaración de incumplimiento que será publicada en la página web del CTBG y con una multa de entre 200 y 6.000 €
c. Las infracciones muy graves serán sancionadas con amonestación, con una decla-ración de incumplimiento que será publicada en la página web del CTBG y con multa de 6.000 € a 20.000 €.
2. Las sanciones, una vez sustanciado el correspondiente procedimiento administrativo, serán impuestas por el presidente del CTBG, oído el informe de la Comisión.
3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El grado de intencionalidad.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
d) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras per-sona

Propuesta 17. Nuevo punto. Modificación del artículo 38 para dotar al Consejo de Transparencia de capacidad inspectora y sancionadora.

Artículo 38. Funciones.
1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tie-ne encomendadas las siguientes funciones:
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones conte-nidas en esta Ley, así como difundir y propiciar la incorporación de buenas prác-ticas con la misma finalidad.
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
c) Ejercer las facultades de evaluación, inspección, seguimiento y control, del in-cumplimiento de la Ley 19/2013 en el ámbito de la transparencia de acuerdo con las disposiciones vigentes, en los términos previstos en la presente Ley.
d) Ejercer la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de la citada Ley en los términos previstos en esta Ley y las disposiciones vigentes.
e) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
f) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obliga-ciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
g) Elaborar instrucciones y directrices en materia de transparencia, acceso a la in-formación pública y buen gobierno.
h) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
i) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análo-ga, nacionales e internacionales.
j) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes fun-ciones:
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el Capí-tulo II del Título I de la Ley, así como salvaguardar el ejercicio de derecho de ac-ceso a la información y garantizar la observancia de las disposiciones de buen go-bierno.
b) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de es-ta Ley.
d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos en-cargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el pro-cedimiento.
f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
g) Aprobar la memoria anual a que se refiere el art. 40 de esta Ley.
h) Ejercer la potestad sancionadora de los incumplimientos de la presente Ley en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la información, en los términos establecidos esta norma y en el resto de la legislación vigente.
i) Ejercer las competencias de evaluación, inspección, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley en los términos previs-tos en la misma.
j) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.
Artículo 38 bis. Funciones de seguimiento, inspección, evaluación y control
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realizará tareas de evaluación, segui-miento, inspección y control del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tí-tulo I de esta Ley respecto de los órganos, organismos y entidades de la Administra-ción General del Estado y el sector público institucional estatal, contemplados en los Títulos I y II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-blico.
2. El personal funcionario de carrera del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, debidamente autorizado por quien ejerza la presidencia del mismo, podrá ostentar la condición de agente de la autoridad a los efectos de la Ley 19/2013 y podrá, para la debida aplicación de esta:
a. Acceder a la información pública, verificar los documentos públicos relativos al de-recho de acceso y de publicidad activa objeto de control, cualquier que sea su so-porte material, incluidos en programas informativos y también en archivos, mag-néticos, ópticos o de cualquier otra clase.
b. Obtener copias o extractos de documentos.
c. Solicitar la colaboración de cualquier autoridad para que le asista en el ejercicio de sus funciones.
d. Realizar entrevistas, en relación con hechos o documentos relacionados con el ob-jeto y la finalidad de la actividad.
3. Sin perjuicio de lo dicho en el número anterior, el Consejo, podrá solicitar la colabo-ración de las inspecciones generales de servicios, mediante el correspondiente con-venio de colaboración.
4. El personal funcionario de carrera encargado de las tareas de inspección levantará acta de sus actuaciones, que tendrán naturaleza de documentos públicos constitu-yendo prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su for-malización.
5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por el Consejo de transparencia y Buen Gobierno para las finalidades previstas en esta Ley.

Los cambios de la propuesta actual de añadir el CAPÍTULO IV Infracciones y sanciones en los artículos 24 bis al 24 decis que dota de capacidad supervisora y sancionadora al Consejo son muy positivos. Se propone su refuerzo añadiendo los mismos en el artículo 38 sobre las funcio-nes del CTBG incluyendo la capacidad supervisora y sancionadora del nuevo Título IV sobre el Régimen de los lobistas y los lobbies.
Además, se incluye un nuevo punto en el artículo 38, el punto 3 puesto que es necesario que el CTBG disponga también de poder de inspección.
Este poder de inspección es imprescindible para dotar de una mayor garantía el derecho de acceso a información a través de la comprobación y revisión in situ de la información en posesión de las administraciones y entidades públicas.
Propuesta 18. Nuevo punto. Modificación del artículo 9 para dotar al Consejo de Transparencia de capacidad inspectora y sancionadora
1. El cumplimiento por la Administración General del Estado y su Sector Público, así como de los sujetos incluidos en el art. 2 de la Ley 19/2013, en los términos redactados en la propia Ley de las obligaciones contenidas en el Título I esta Ley será objeto de seguimiento, evaluación, investigación y control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a estos efectos tendrá la condición de autoridad.
Se pretende dotar al CTBG de poder de control e inspección en la propia Ley, sin esperar al desarrollo reglamentario para aumentar la seguridad jurídica.
Propuesta 19. Modificación de la actual propuesta de conceptos y definiciones para asegurar que se cubre toda la actividad de lobby.
Artículo 41. Conceptos.
1. A los efectos de la presente Ley, se considerará actividad de lobby cualquier activi-dad profesional que tenga por finalidad influir sobre cualquier cargo, autoridad o repre-sentante pública, así como sobre el personal bajo dirección o responsabilidad de los mismos, ya sea directamente o en nombre de un tercero o de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, sobre cuestiones públicas como en la elaboración de leyes o disposiciones de carácter general o en el diseño y aplicación de políticas pú-blicas.
La actividad de lobby con la finalidad de ejercer influencia en las cuestiones públicas no se reali-za exclusivamente de modo profesional. El objetivo es impedir que queden excluidas actividades de lobby que se realizan de modo voluntario o sin remuneración o relación contractual.
Se incluye la actividad que se realice directamente y no sólo en representación de terceros.
Se debe asegurar que se cubren todas las actividades dirigidas a influir “sobre cuestiones públicas” en general no sólo en la elaboración de leyes o disposiciones de carácter general o en el diseño y aplicación de políticas públicas.
2. A los mismos efectos, tendrán la consideración de lobistas, las personas físicas o jurí-dicas o entidades sin personalidad jurídica que desarrollen profesionalmente la activi-dad de lobby en nombre propio o de terceros, ya sea para fines privados, públicos o co-lectivos, con o sin remuneración, tales como consultores de relaciones públicas, repre-sentantes de organizaciones no gubernamentales, corporaciones, empresas, asociacio-nes industriales, comerciales o de profesionales, colegios profesionales, sindicatos, or-ganizaciones empresariales, talleres o grupos de ideas, despachos de abogados, medios de comunicación, organizaciones religiosas, u organizaciones académicas.
La actividad de lobby con la finalidad de ejercer influencia en las cuestiones públicas no se realiza exclusivamente de modo profesional. El objetivo es impedir que queden excluidas actividades de lobby que se realizan de modo voluntario o sin remuneración o relación contractual.
Se incluye la actividad que se realice directamente y no sólo en representación de terceros, así como por parte de entidades sin personalidad jurídica para evitar que queden fuera de la regulación. Por ejemplo, plataformas o movimientos sociales que no disponen de personalidad jurídica pero que desarrollan actividades de lobby.
Se debe asegurar que se cubren todas las actividades dirigidas a influir “sobre cuestiones públicas” en general no sólo en la elaboración de leyes o disposiciones de carácter general o en el diseño y aplicación de políticas públicas.
3. No tendrán la consideración de actividades de lobby, a los efectos de esta Ley, las re-lativas a los asuntos de índole particular carentes de relevancia económica o social susceptibles de afectar a intereses colectivos. la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos ya en tramitación, las destinadas a informar a un cliente sobre una situación jurídica particular, las de conciliación o mediación realizadas en el marco de la ley ya existente, las de asesoramiento realizadas con finalidades informativas para el ejercicio de derechos, o las de participación ciudadana en los trámites de un proce-dimiento administrativo tales como la audiencia o la información pública.
Se propone eliminar las excepciones para evitar que se pueda interpretar como actividades excluidas de la inscripción en el registro de lobbies aquellas que, entre otras, desarrollan a las personas que presten servicios de asesorías jurídicas en virtud de una relación contractual que no se vincule con la administración. El objetivo es que se inscriban todos los lobistas y todas las organizaciones que se dediquen a lobby, especialmente aquel lobby que se realiza contratando a terceros para poder desarrollar su trabajo.
Propuesta 20. Modificación de la actual propuesta para garantizar un formato accesible del registro y que cubre las relaciones con todos los actores con influencia y poder en la toma de decisiones.
Artículo 42. Registro.
1. Se crea el Registro de lobistas y lobbies, que tendrá carácter electrónico, público y gratuito, adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La información que contenga el registro será accesible sin restricción alguna, en formato abierto y permitirá realizar búsquedas.
Garantizar que la información va a ser accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil. Muchos de los registros existentes en la actualidad tienen unos formatos no abiertos y no permiten las búsquedas, limitando la capacidad de control.
2. En el Registro tendrán la obligación de inscribirse los lobistas y los lobbies que desa-rrollen su actividad en relación con los cargos, autoridades, trabajadores públicos (ya sean funcionarios, personal eventual o asesores) y representantes con poder de toma de decisión. sujetos al ámbito de aplicación de la presente Ley.
Los Estándares Internacionales para la Regulación del Lobby desarrollados de forma conjunta por Access Info Europe, Transparencia Internacional, Sunlight Foundation y Open Knowledge, establecen que debe cubrir las relaciones con cualquier trabajador o cargo público con poder de toma de decisión y no sólo aquellos con la consideración de alto cargo. De hecho, estudios de monitorización sobre el registro de la Unión Europea realizados por la Coalición Alter EU revelan que la mayoría de las reuniones de lobistas se mantienen con trabajadores públicos que no tie-nen la consideración de alto cargo o que no están cubiertos por el registro de lobby, dejando fuera del conocimiento público la gran parte de esta actividad .
3. El ejercicio de la actividad de lobby por parte de personas u organizaciones sin encontrarse previamente inscritos en el Registro tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación de las sanciones económicas previstas en el artículo 24 octies de la presente Ley.
4. La celebración de reuniones o encuentros con personas no inscritas en el Registro de lobbies por parte de los cargos, autoridades, trabajadores públicos (ya sean funcionarios, personal eventual o asesores) y representantes con poder de toma de decisión tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación de las sanciones económicas previstas en la presente Ley.

Tanto lobistas como cargos públicos deben tener normas de conducta claras y exigibles, así como un sistema para la gestión de conflictos de intereses. Si bien ambas partes deben demostrar un comportamiento adecuado, los cargos públicos tendrán una responsabilidad mayor, dado su papel como actores a quienes se les ha delegado el poder.
Las sanciones a las personas que realizan la actividad del lobby respecto a la celebración de reuniones sin encontrase inscritos pueden ser contraproducentes, desincentivar la participación ciudadana y propiciar desigualdades y desequilibrios en el acceso a reuniones decisores públicos.
Propuesta 21. Modificación de la actual propuesta y mayor detalle de la información que debe contener el registro.
Artículo 43. Régimen jurídico.
1. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico del Registro de Lobistas y Lobbies, conforme a las siguientes reglas: (…)
b) La inscripción, que tendrá lugar a instancia de parte mediante solicitud, contendrá en todo caso los siguientes datos: i. Nombre apellidos o razón social. ii. NIF de la persona física o CIF de la jurídica. iii. Dirección postal. iv. En el caso de las personas jurídicas, designación de las personas físicas autorizadas para acceder a las dependencias públicas, con el correspondiente NIF de cada una de ellas. v. Actividades realizadas, el objeto de las actividades de lobby y los resultados buscados. vi. Teléfono, dirección postal, y dirección electrónica de contacto. vii. Entidad o entidades representadas, así como el beneficiario final de las actividades de lobby (cuando sea relevante), la institución des-tinataria y/o el cargo público implicado. viii. El tipo y la frecuencia de las actividades de lobby. ix. Gastos de lobby, incluidos gastos en especie (calculados conforme a criterios preestablecidos, de ser necesario en rangos de costo). x. Fuentes de financiación, por cliente y por dossier. xi. Todo tipo de contribuciones políticas, incluso en especie. xii. Cargos públicos ocupados anteriormente por la persona y/o sus familiares. xiii. Fondos públicos recibidos
Se propone añadir nueva información para dotar de una mayor especificidad al artículo, las fuentes de financiación y gastos de la actividad del lobby son imprescindibles para la rendición de cuentas, para medir el equilibrio de la representación de intereses en los procesos de toma de decisiones y para impulsar un acceso y participación más igualitarias.
2. El Registro dará publicidad, a través de la sede electrónica o página web de transparencia de la administración, institución u órgano correspondiente, a la agenda completa de trabajo de los cargos, autoridades, trabajadores públicos (ya sean funcionarios, personal eventual o asesores) y representantes públicos, y a la información resultante de la actividad de los lobistas y lobbies y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes.
La información contenida en las agendas debe publicarse y actualizarse con 5 días de antelación a la celebración de la reunión o en tiempo real siempre y cuando sea posible. En todo caso la publicación se realizará no después de 5 días tras la celebración de la reunión y la actualización se realizará como mínimo con una periodicidad semanal.
Se propone añadir plazos concretos de publicación para garantizar la transparencia y el acceso a la información en un plazo razonable.
Propuesta 22. Modificación de la actual propuesta para la actualización de la información de forma coordinada y comparabilidad de los datos.
Artículo 44. Obligaciones y derechos de los lobistas y lobbies inscritos.
1. La inscripción en el Registro conlleva las siguientes obligaciones: a) Aceptar que la información proporcionada se haga pública. b) Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna y que se mantendrá actualizada de forma periódica, en fechas compartidas entre todos para asegurar comparabilidad, de conformidad con lo previsto en la presente Ley. c) Aceptar de forma expresa el Código de conducta, como requisito previo a su inscripción en el Registro. d) Facilitar el nombre de la persona legalmente responsable de la organización, grupo de actividad o persona inscrita en el Registro, así como el beneficiario final de las actividades de lobby (cuando sea relevante). e) Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del Código de conducta o de las obligaciones en materia de transparencia, conflictos de intereses o régimen de incompatibilidades previstas en la legislación vigente.
La actualización de la información de forma coordinada contribuye a lograr una mayor comparabilidad de los datos. En el Registro de la Unión Europea, la información económica debe actualizarse como mínimo de forma anual y los datos económicos y financieros que proporcionan los inscritos en el Registro corresponden a un periodo anual con las mismas fechas para todos.
Propuesta 23. Nuevo punto código de conducta para cargos públicos.
Artículo 45 bis. Código de conducta y normas de integridad de los cargos públicos.
Todos los cargos públicos, autoridades, trabajadores públicos (ya sean funcionarios, personal eventual o asesores) y representantes con poder de toma de decisión deben atenerse a una serie de estándares de conducta, que se desarrollarán reglamentariamente como mucho en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley y que deberán incluir en todos los casos:
a. Principios fundamentales de comportamiento, incluyendo transparencia, integridad, receptividad, imparcialidad, objetividad, rendición de cuentas e interés público.
b. La obligación de documentar y mantener un registro preciso y detallado de sus acciones, incluido encuentros con lobistas.
c. La obligación de no mantener contactos de lobby con lobistas que no estén registrados, y denunciar incumplimientos de las normas sobre lobby a superiores u organismos relevantes.
d. La obligación de confidencialidad, supeditada al régimen de acceso público a la información.
e. Un mecanismo integral para resolver conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes, incluidas las incompatibilidades que supone desempeñar labores como lobista (periodos de enfriamiento y un sistema de evaluación de conflictos de intereses con anterioridad a la ocupación del puesto)
f. Pautas exhaustivas sobre cómo proceder con respecto a la recepción de obsequios y gestos de hospitalidad, como la inclusión de estos en registros o la negativa a aceptarlos.
g. Un sistema para que los cargos públicos realicen declaraciones patrimoniales y de intereses, así como sus familiares y socios comerciales, dependiendo del poder de decisión que ejerza el empleado en cuestión.
Tanto lobistas como cargos públicos deben tener normas de conducta claras y exigibles, así como un sistema para la gestión de conflictos de intereses. Si bien ambas partes deben demostrar un comportamiento adecuado, los cargos públicos tendrán una responsabilidad mayor, dado su papel como actores a quienes se les ha delegado el poder.
Propuesta 24. Modificación de propuesta actual para potenciar el papel supervisor del CTBG y transparencia en el incumplimiento.
Artículo 46. Medidas de aplicación en caso de incumplimiento.
1. El incumplimiento por los lobistas y los lobbies de las obligaciones establecidas por la presente Ley o por el Código de conducta podrá dar lugar a la suspensión temporal o a la cancelación de la inscripción en el Registro, así como la publicación de la sanción en el Registro, según se trate de una infracción grave o muy grave, en los términos previstos en esta Ley y en su normativa de desarrollo.
2. La suspensión y la cancelación de la inscripción en el Registro conllevarán la inhabilitación de los sancionados para el ejercicio de actividades de lobby, así como la publicación de la sanción en el Registro.
3. Cualquier persona está legitimada para presentar una denuncia fundamentada en hechos materiales, si sospecha que las personas, las entidades o las organizaciones comprendidas en este Título incumplen las obligaciones establecidas por la Ley o en el Código de conducta.
4. El procedimiento de tramitación de las denuncias y de investigación se realizará bajo la dependencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a iniciativa propia o a instanciad de terceros y, en todo caso, deberá garantizar la audiencia del afectado.»
Se añade la posibilidad de que el CTBG investigue posibles incumplimientos a iniciativa propia para potenciar su papel supervisor.
Propuesta 25. Nuevo punto. Añadir un punto 4 al artículo 38 para definir las funciones del CTBG respecto al registro de lobbies.
Artículo 38.4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tendrá también las funciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción de las obligaciones del Título IV. Régimen de los lobistas y los lobbies:
a) gestionar el registro de actividades de lobby
b) examinar posibles conflictos de intereses
c) cotejar y dar a conocer la ubicación de información divulgada proactivamente
d) monitorear el cumplimiento (incluida la verificación proactiva y auditorías no programadas de los informes)
e) efectuar un seguimiento de las denuncias y establecimiento de sanciones que se detallarán reglamentariamente.
f) investigar presuntos incumplimientos y anomalías a iniciativa propia o a instancias de terceros.
g) prestar consultoría y definir disposiciones y clarificaciones adicionales.
h) ofrecer orientación y capacitación a lobistas y cargos públicos con respecto a la aplicación de las leyes relevantes; analizar tendencias e informar sobre sus hallazgos; comunicar novedades al público y a los profesionales del sector; y promover mejores prácticas en el sector.

Mayor concreción en las funciones del CTBG respecto al registro de lobbies. Es importante que las funciones del organismo supervisor independiente están detalladas y se incluyan medidas suficientes de supervisión y apoyo para la aplicación de la regulación sobre lobby, así como sanciones efectivas para aquellos supuestos de incumplimiento.
Propuesta 26. Nuevo punto Participación de representantes de la sociedad civil en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Modificación del Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
2. Dicha Comisión estará compuesta por:
i) ocho representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Debe existir una representación y participación paritaria de la Sociedad civil en la Comisión.

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Organizaciones Firmantes:
Access Info Europe,
Asociación de Acreditacion de la Transparencia (Acreditra)
Amigos de La Tierra
Archiveros Españoles en la Función Pública, (AEFP)
Asociación de Archiveros de Castilla y León, (ACAL)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
Associació Ciutadania i Comunicació, (ACICOM)
Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (CONGDE)
Fundación Cibervoluntarios
Fundación Cultura de Paz
Fundación Global Nature
Hay Derecho
Open Knowledge España
OpenKratio
RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
Reporteros Sin Fronteras- España
Transparencia Internacional España
Personas a título individual: Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; Laura Tejedor Fuentes, Profesora periodismo de datos y transparencia en la Universidad Complutense de Madrid; Simona Levi, X-Net.

 

Para saber más:

Comunicado La Sociedad Civil exigimos cambios en la Ley de Tranparencia y Regulación Lobbys

Comentarios a la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes

Para más información contactar con:

Alba Gutiérrez
Investigadora y Coordinadora de campañas en Access Info Europe
alba@access-info.org +34 913 656 558