Adjuntem la magnífica crònica realitzada per Josep Lluís Galiana, Coordinador del Club Diario Levante i apareguda en el Diari en Paper (pàgina 62)  i també en levante.com

http://www.levante-emv.com/cultura/2012/09/28/acceso-informacion-debe-derecho-fundamental/939669.html

´El acceso a la información debe

ser un derecho fundamental´

Hoy se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber “España es el único estado de la UE que aún no tiene una ley específica reguladora del derecho al acceso a la información pública”

. Cultura

JOSEP LLUÍS GALIANA VALENCIA Con motivo de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, que desde hace una década se celebra el 28 de septiembre, la Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom) organizó el pasado miércoles un coloquio en el Club Diario Levante. Bajo el título Del secretisme a la transparència, la mesa redonda debatió sobre el Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de julio y, actualmente, en tramitación parlamentaria.
“España es el único estado de la Unión Europea que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información”, recordó José Ignacio Pastor, presidente de Acicom y moderador del acto. La Coalició Proaccés, a la que pertenece Acicom y que está formada por más de 60 organizaciones, “ha elaborado, explicó Pastor, un documento con propuestas para la mejora de la Ley de Transparencia. De los doce puntos más significativos que defiende la Coalició Proaccés figuran el que se contemple el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, parte del derecho constitucional a la libertad de expresión; se defina como información pública toda la archivada en cualquier soporte, y se facilite en formato abierto y sin limitaciones de propiedad intelectual”.
Entre los invitados al debate, se encontraba el vicedecano de la Facultad de Comunicación, Francesc Martínez Gallego, quien afirmó que “el proyecto de ley defrauda al no vincularse al Artículo 20 de la Constitución, el que habla del derecho a la información”. Por otra parte, el profesor de la Universitat de Valencia aseguró que “el empoderamiento de la ciudadanía limitaría la capacidad que los agentes mediadores -partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación- tienen para obturar los procesos de información entre las administraciones públicas y la ciudadanía”.
Asimismo, Martínez Gallego mostró su desconfianza sobre ¿cómo será el reglamento de la Agencia de Transparencia que regulará la norma? “Es difícil creer en una ley de transparencia que viene de un partido político que bate récords de opacidad y falta de transparencia”. Y opaca es la forma en la que se está tramitando esta ley, criticó el profesor, “porque si bien han invitado a los ciudadanos a participar en la tramitación de la ley, de las 80.000 propuestas que los ciudadanos han remitido al Congreso de los Diputados, se han elegido 3.500 y de esas parece ser que sólo se han adoptado 17; de todas las demás no sabemos nada.”
Bernardino Giménez, de la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, cuestionó que “si tenemos derecho a recibir información veraz, debemos preguntarnos quién es el titular del derecho y quién tiene la obligación de hacer cumplir ese derecho con claridad. La ley no identifica al titular del deber de informar”.

JOSEP LLUÍS GALIANA VALENCIA “La transparencia en la gestión pública, definió Vicent Giménez Chornet, es la posibilidad para que los ciudadanos consigan acceder a cualquier tipo de información registrada en cualquier soporte generada por entidades en el desarrollo de sus funciones”. El presidente del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana afirmó que “los medios de comunicación son un canal complementario y crucial para que los ciudadanos estén informados del funcionamiento del gobierno y de las maniobras del sistema político”. Por otra parte, Giménez advirtió de que “la gestión de la información y de la documentación necesita medios y recursos para ponerla al acceso de la ciudadanía, por eso la ley necesita un acompañamiento presupuestario para que se pueda aplicar y un órgano independiente que vigile su cumplimiento”.
Lorenzo Cotino, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, habló de una ley buena, potente y hecha por juristas y para juristas, “aunque, precisó, me gustaría que la ley diera más garantías, mejorara la posibilidad de no tener que acabar en los tribunales, acortando los plazos en las reclamaciones por incumplimiento o silencio administrativo, y que las leyes autonómicas y locales complementaran y desarrollaran la ley estatal”.
Por su parte, Salma Cantos, secretaria de comunicación de la Associació Valenciana de Politòlegs (Avapol) y profesora de Derecho Administrativo de la Universitat Politècnica de València insistió en exigir la categoría de derecho fundamental al acceso y a una administración transparente. Cantos calificó el proyecto de ley de ley-trampa, “porque no encontramos ningún sistema de garantía o de penalización al funcionario que no la cumpla. Me parece desproporcionado que el ciudadano al que se le niegue una documentación tenga que acudir a los tribunales”.
Desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Ángel Ambroj abogó por el empoderamiento ciudadano y la fiscalización a los gobernantes. “Debemos analizar la deuda pública, saber a quién se está pagando y quién se ha beneficiado de ella.”

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