OC_logo_colorEl judici al Cas Blasco ha arribat al seu equador i creiem important compartir-vos aquesta crònica, elaborada pel periodista Sergi Tarín per encàrrec de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, del qual forma part ACICOM, que aporta sis claus imprescindibles per a entendre el juí.

També aprofitem per a fer una crida a les organitzacions, entitats socials i a la ciutadania a assistir a les vistes orals del judici que són públiques i que se celebren els dilluns, dimarts i dijous de tot el mes de juliol a la Sala Tirant lo Blanch de la Ciutat de la Justícia de València. La participació de la ciutadania és molt important per a evitar que el judici del Cas Blasco no es tanque en fals ni es faça aplegar a la societat el missatge que la corrupció pot eixir gratis.
 
Us agraïm la difusió i si teniu qualsevol dubte o comentari, posar-vos en contacte amb nosaltres a l’Observatori Contra la Corrupció: 34963423179  observatoricontracorrupcio@gmail.com   
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Caso Blasco: el juicio del saqueo a la Cooperación valenciana en seis claves

 Sergi Tarín, València. 05/07/2019

El segundo juicio al caso Blasco ha llegado a su ecuador. Se inició el pasado mayo con tres jornadas de cuestiones previas y arrancó el 27 de ese mes con la declaración de los cinco acusados, de un total de 24, que no llegaron a un acuerdo de conformidad con ninguna de las tres acusaciones. Fue el fiscal Jesús Carrasco quien más pactos rubricó, 19, entre ellos con los principales acusados: Rafael Blasco, ex consejero de Solidaritat; Marc Llinares, ex Jefe de Área de Cooperación; y el empresario Augusto César Tauroni. Fruto de los mismos, la Fiscalía pasó de solicitar 16 años a 3 años y 3 meses de prisión para Blasco y Llinares; y de 21 años y 6 meses a 3 años y 6 meses de cárcel a Tauroni. Todo a cambio del reconocimiento de los hechos y una reparación del daño patrimonial y moral casi nulos respecto a los 6 millones subvencionados, de los cuales 5,5 fueron abonados, a través de una veintena de proyectos de cooperación entre 2009 y 2011. Según los informes periciales que obran en el sumario, al menos 3,2 millones fueron desviados a diversas empresas de Augusto Tauroni que facturaban trabajos que jamás se realizaban.

Ni la acusación particular, representada por Abogacía de la Generalitat mediante la letrada María José Rodríguez, ni la acusación popular, en manos de la Coordinadora Valenciana de ONGD a través del abogado Raúl Vidal, validaron estos pactos al considerarlos insuficientes, además de poco proporcionales respecto a la primera pieza del caso, donde se trató una mínima parte de la causa -dos proyectos y el fraude de cerca de 1,6 millones-, por los que Blasco y Tauroni acabaron condenados a seis años y medio de prisión.

De hecho, la posición de las acusaciones particular y popular ha mantenido vivo un juicio en el que, entre el 4 de junio y el 4 de julio declararon 42 testigos. Está previsto que entre el 8 y el 18 de julio comparezcan 37 más. A continuación, el 22 y el 23 de este mes se han reservado para las pruebas periciales y entre el 24 y el 26 las partes leerán sus informes finales y los acusados tendrán la última palabra frente al tribunal.

De lo juzgado hasta el momento destacan seis claves y un breve adelanto de calendario final.

1.  Augusto Tauroni mueve los hilos

La Fundación Solidaria Entre Pueblos (FSEP), más tarde Hemisferio tras la denuncia de la histórica Entrepobles, se creó en diciembre de 2009 bajo el auspicio de dos empresas vinculadas a César Augusto Tauroni: Arcmed y Dinamiz-e. Como carecía de la experiencia previa que requerían las bases para presentarse a las convocatorias de subvenciones, se dedicaron a captar pequeñas entidades, sin apenas estructura, como pantalla para acceder a las mismas. Tras ellas, tal y como han reconocido quienes las dirigían entonces, Hemisferio movía los hilos: en sus oficinas se redactaban los proyectos, muchas veces copiados de otros, y distribuían las partidas. Los documentos periciales destacan que, como norma, al menos el 50% del dinero recibido, acabó en los bolsillos de la trama. Es el caso de Fudersa, que entre 2009 y 2011 logró seis subvenciones a proyectos de cooperación y una más de sensibilización por un importe global de 1.842.536,19€ para planes de soberanía alimentaria en República Dominicana. Su presidente, el acusado Rafael Barrera, destacó: “De las empresas y de la relación con la conselleria se encargaba Joaquín Blasco [lugarteniente de Tauroni en Hemisferio]. Yo solo supervisaba”. Eso además de estampar firmas en transferencias cuantiosas por trabajos sobredimensionados o que no se llevaban a cabo. “Si los técnicos de la Administración admiten que ese es el coste real, mi obligación es ejecutarlo y no valorar si costaba más o menos”, justificó.

Por otro lado, Asa de África consiguió 798.816,08 para dos proyectos en Camerún y otro más en Mauritania, los tres también relacionados con soberanía alimentaria. Christine Bernardette estaba entonces al frente de la organización y declaró como testigo: “Nuestra participación era de fachada. Maribel [Castillo, secretaria de Hemisferio] nos decía que sin ellos no nos concederían subvenciones”. “El dinero iba para un sitio y aparecía en otro”, concretó antes de resumir que en Camerún “no se ha hecho ni el 30%” y en Mauritania solo se envió un tractor y unos invernaderos”, pero no se desarrolló el proyecto. Y sobre la participación de Rafael Blasco, “me preguntaba qué tal iban las cosas con Hemisferio, por lo que pensaba que ellos y la Generalitat eran la misma cosa”.

Algo similar le sucedió a Apolonio Mba Ondo, de Ceiba, que recibió tres subvenciones por un total de 981.355,75€ para dos proyectos sobre explotación laboral de la infancia y reducción del contagio de SIDA en Guinea Ecuatorial y un tercero en Paraguay sobre empoderamiento de madres adolescentes. “Arturo [Tauroni, hermano de Augusto, quien tomó las riendas de Hemisferio en la última etapa] nos presentó el proyecto y se encargó de todo. Decía: firma este pagaré que va a tal empresa. Lo que decía lo firmábamos; yo no sabía ni que era un proyecto de cooperación”. Una argumentación gemela a la de su compañera en la asociación, la abogada

Mar Salinas: “Las cuentas se llevaban desde Hemisferio, no tengo ni idea de a quien se le pagaba ni porque, Arturo llevaba eso”.

Por su parte, María Vicenta Pons, de Asamanu, fue la única que se plantó tras conocer un pago de 60.000€ a la constructora Beconsa por trabajos inexistentes para la rehabilitación de una escuela en Senegal. Pons se sintió estafada y decidió bloquear las cuentas y enfrentarse a Hemisferio: “No sé si era legal, porque venía avalado por la conselleria, pero era inmoral”. Un aval de Marc Llinares, quien le amenazó, según Pons, con dejar de recibir ayudas en el futuro si no reanudaban el proyecto y abonaban a Beconsa 60.000€ más. “Nos opusimos”, apostilló Pons antes de concluir que quedaron congelados en la cuenta 157.000€ y que solo hace un año y medio la Generalitat Valenciana retiró esos fondos.

2.  Una evaluadora al servicio de la trama

Los proyectos de cooperación eran puntuados por una evaluadora externa que aportaba una teórica imagen de transparencia e independencia. Los hechos, reconocidos por los acusados, demuestran que no fue así. Primero la UTE de Caaz (abreviatura de los apellidos del acusado Luis Fernando Castel Aznar) y BiConsulting, consultora del despacho Broseta, y más tarde Expande, empresa de Castel, se coordinaron con Augusto Tauroni y Marc Llinares para manipular al alza evaluaciones, puntuaciones y rankings en beneficio de entidades vinculadas a la trama y sus proyectos casi siempre deficitarios y faltos de experiencia. Castel, quien no ha firmado acuerdo de conformidad alguno y se enfrenta a peticiones de penas entre los 9 y 17 años de cárcel, lo niega. No así su principal colaborador, Jesús Urquiza, quien sí ha pactado con la Fiscalía y la Generalitat Valenciana.

Tal y como demuestran las declaraciones de algunos de los evaluadores, Castel se valió de una plantilla dócil y sin conocimientos en Cooperación.

José Vicente Huerta era diseñador gráfico y escultor; Ramiro Cervera, licenciado en Derecho; y Elena Verdú en Ciencias Ambientales. Expertas en estos asuntos sí que lo eran Inmaculada Román y Estela López, que formaron parte de un grupo vinculado a la Universitat Politècnica al que Expande solicitó ayuda tras un aumento de la carga de trabajo para las convocatorias de 2011. Román y López, tras cotejar la publicación de los proyectos en el diario oficial, constataron que sus evaluaciones habían sido manipuladas. Un hecho que denunciaron a la entonces diputada socialista Eva Martínez además de enviar las evaluaciones originales a tres entidades perjudicadas que, de no haberse producido las manipulaciones, habrían conseguido fondos para sus proyectos. “Las normas de la Naciones Unidas respecto a la ética en las evaluaciones son claras: recomiendan denunciar las irregularidades de una manera discreta”, señaló Román.

 

3.  El dinero pasaba por Miami

En 2010, Augusto Tauroni empezó a centralizar sus negocios en Miami, en Estados Unidos. Ese año creó cinco empresas presididas por Julia Valdés, dueña de una inmobiliaria de la capital de La Florida con la que Tauroni, tal y como reconoció la propia Valdés a través de una vídeo conferencia, entabló gran amistad y se convirtió en una de sus colaboradoras más cercanas. Estas cinco firmas, sin un solo trabajador contratado, facturaron 864.353,16 de al menos cinco proyectos de cooperación de Fudersa, Esperanza Sin Fronteras y la propia FSEP. Fue un dinero limpio al bolsillo de Tauroni y Valdés, ya que los conceptos de las facturas –cursos, capacitaciones, análisis de tierras o de fertilizantes- jamás se realizaron.

Después que el escándalo del desvío de fondos aflorara en los medios el 6 de octubre de 2010, Tauroni pidió a Valdés que cerrara las empresas. Uno de los correos mostrados en la sala resulta elocuente. “No puede aparecer mi nombre”, les escribe Tauroni. Pero en una de las empresas aparecía incluso la dirección del DNI de Tauroni, en el centro de Valencia. Una pista más que inequívoca para que la Udef, la sección de la Policía Nacional dedicada a delitos económicos, tirara de todos los hilos.

Al año siguiente, en 2011, Tauroni volvió a crear un ramillete de empresas con las que volvió a facturar, también sin trabajadores y con Valdés al frente, 485.235,83€ a las entidades vinculadas a la trama. Con el dinero desviado antes y después, Tauroni compró a través de la inmobiliaria de Valdés dos apartamentos en el centro de Miami y creó su propia consultoría para alquilarlos a turistas. En el paquete se incluía el yate Eclipse, adquirido en Alicante anteriormente y trasladado en ese tiempo a alguno de los numerosos puertos deportivos de la bahía Biscayne. Estos tres bienes fueron en su día embargados por los tribunales y alcanzan un valor cercano a 1,5 millones.

 

4.  Y rodaron cabezas

“Aquí van a rodar cabezas”. La frase se atribuye a Dolores Escandell, acusada que no ha llegado a acuerdo con ninguna de las acusaciones, y que llegó a la conselleria en octubre de 2010 como jefa de servicio de Gestión, en substitución de Amparo Ortiz, quien había abandonado su cargo por la discrepancias con Llinares por la concesión de ayudas a las entidades satélites de Hemisferio. Cuando pronunció aquella frase, que ella niega, la polémica ya había saltado a los medios y las conselleria había entrado en pánico. Escandell fue la encargada de buscar supuesto topos y señaló a las tres técnicas más críticas con la línea de la conselleria: Begoña Campaña, Eva Solá y Ana Tamarit. Su contrato finalizaba el 31 de diciembre de ese año y no se les renovó. El director general de Cooperación, Josep Maria Felip, acusado y con acuerdo con la Fiscalía y la Generalitat Valenciana, les ofreció pasar a Inmigración, algo que rechazaron “al no ser un ámbito de nuestro conocimiento”, según Campaña, quien añadió: “No éramos de confianza para ellos, sino bastante críticas con lo que no nos parecía correcto, antes y después de la salir el escándalo. Había un clima de  malestar porque entidades sin experiencia se llevasen mucho dinero en subvenciones”.

La descripción coincide con la de Eva Solá: “Habían surgido organizaciones sin experiencia ni capacidad. La sorpresa no es que fueran nuevas, que siempre las hay, sino por obtener subvenciones importantes”. La propia Solá recuerda que se creó un registro de agentes de Cooperación al que acudían expresamente miembros del gabinete del conseller para ayudar e inscribir a estas entidades. Y que había entidades que habían recibido llamadas desde este mismo gabinete para que abandonaran la CVONGD y se registraran a Fedacod, impulsada por el propio Blasco para solaparse a la anterior y mitigar críticas. “Una coordinadora es una fuerza colectiva, de incidencia política. Si se lidera desde el actor al que hay que hacerle la incidencia es un poco raro, no se puede ser juez y parte”, explicó Solá.

 

5.  Defensas al ataque

Si alguien destaca entre los abogados de la defensa es Javier Boix, penalista de prestigio y letrado de Rafael Blasco. El “señor Boix”, así se dirigen a él desde el tribunal. Una deferencia exclusiva a quien fue el principal valedor de la suspensión del juicio tras haber alcanzado junto a buena parte de sus colegas acuerdos con la Fiscalía. Al negarse las acusaciones particular y popular les achacó “una actitud recalcitrante que lleva a un juicio paralelo y espectáculo judicial”. “Pediremos el pago de las costas”, amenazó.

A Boix también se debe la insistencia de intentar convencer al tribunal que la CVONGD, a la que define como “coordinadora de algunas ONG”, actúa más por resentimiento que por justicia contra Hemisferio por entrar en competencia en el reparto de subvenciones. La idea de Boix es que Blasco fue un democratizador de las ayudas y ahora paga esa osadía de enfrentarse a lo que considera “un lobby de presión” o “las multinacionales de la solidaridad”, tal y como las definió en su día.

Para el resto de las defensas, además, Hemisferio era un mero colaborador de otras entidades, con las que presentaba proyectos en común y a las que ayudaba en la elaboración de los planes. Asimismo, las puntuaciones de la evaluadora no eran vinculantes, por lo que poco importaba que estuvieran o no manipuladas. Por último, otra de las tácticas recurrentes es desacreditar algunos testigos, en especial los que mayor conocimiento y trayectoria tienen sobre Cooperación. Fue el caso de la evaluadora Inmaculada Román, a quien menoscabaron su experiencia y postgrados con el pretexto de que no existe una titulación universitaria o un colegio oficial al respecto, por lo que su criterio a la hora de puntuar proyectos sería subjetivo. Román respondió que no hay razones subjetivas a la hora de evaluar y que el margen de diferencia siempre es mínimo y no de hasta 30 o 40 puntos, tal y como constató en algunos de los rankings de 2011. “Es como si le hacen una radiografía. Un radiólogo u otro verán más o menos, pero los dos saben que tiene una piedra en el riñón”, definió de manera gráfica.

 

6.  Quién es quién en el tribunal

El presidente del tribunal es José Antonio Mora Alarcón, quien desde el 30 de junio de 2017 forma parte de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en el orden penal. La mayor parte de su experiencia se consumó en el Juzgado de Menores número 1 de Valencia. Además es autor o coautor de alrededor de 40 manuales sobre derecho. Y forma parte de la Asamblea General de Jueces, grupo moderadamente conservador y crítico con el Partido Popular, en especial durante la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón fue ministro de Justicia, por su resistencia a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su lado está Esther Rojo Beltrán, muy cercana al presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa, ex consejero autonómico de Justicia con el Partido Popular. Rojo es la principal representante en suelo valenciano de la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), alineada con el núcleo duro del PP. Tanto es así que Rojo, a propuesta de APM, formó parte de la terna de 12 de jueces para CGPJ que iba a presidir Manuel Marchena y que saltó por los aires tras conocerse el whatsapp en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, abogaba por controlar “por la puerta de atrás” la sala que juzgaría a los políticos independentistas. Por último, Mireia Albert actúa como Magistrada Suplente y su experiencia penal está vinculada a un postgrado en Corrupción y Blanqueo de Capitales.

 

De los testimonios pendientes, ¿cuáles son los más destacados?

Durante las próximas dos semanas continuarán las declaraciones de los testigos lunes, martes y jueves a partir de las 9.30 horas en la sala Tirant lo Blanch de la Ciutat de la Justícia. En ese intervalo se acabará de juzgar el intento fallido de construir un hospital en Haití, proyecto de 4 millones de euros por los que la trama esperaba obtener algo más de 2 millones. Sí que logró 177.779,19€ para la creación de una difusa oficina técnica para preparar la edificación del hospital. También declararán testigos vinculados al gabinete del conseller como Rogelio Guntiñas i Xavier Llopis, este último condenado en la primera pieza. Otro bloque de testimonios hace referencia a algunas trabajadoras y voluntarias de la fundación Hemisferio. Y entre otros nombres propios cabe citar, el 11 de julio, a Amparo Ortiz y Rafael Monterde, quien dirigía el grupo de evaluadoras de la Universitat Politècnica. El 15 de julio comparecerá Jenny Luz Mayta, técnica muy cercana a Marc Llinares, a quien encargó el control de las becarias para evitar filtraciones. Por último, el 18 de este mes testificarán Pilar Collado, ex directora general de Cooperación que dimitió por desacuerdo con las subvenciones otorgadas a Hemisferio y sus satélites, y Ana Tamarit, la tercera técnica, junto a Solá y Campaña, señalada por sus posicionamientos críticos.