(CONTRA)REFORMA AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA

En medio de la alarma nacional por coronavirus, nos reúne otra alarma desde ANDALUCÍA. Una serie de medidas que apuntan hacia la privatización de los medios audiovisuales públicos (autonómicos o municipales) aprovechando un decreto de emseures por el estado de emergencia. Una situación realmente preocupante y que supone una contrarreforma total del sistema audiovisual andaluz.

Pagina inicial de la web de AUCDesde’AUC (Asociación Usuarios de la Comunicación) , asociación de ámbito estatal de la que ACICOM desarrolla su actividad en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el Convenio de col·colaboración que mantenemos desde hace años, hemos realizado la siguiente nota técnica, que os dejamos con el fin de conocer la profundidad de lo que se plantea.

El Real Decreto-Ley para el fomento de la actividad productiva introduce cambios fundamentales en la Ley Audiovisual autonómica

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha mostrado su preocupación por el desmantelamiento que para el servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía puede suponer la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2020, el 9 de marzo , de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva.

Dicho Real Decreto parte de un diagnóstico erróneo de las dificultades que acometen las radios y televisiones locales en la Comunidad Autónoma; ignora aspectos básicos del servicio público audiovisual, y aprueba unas medidas, de dudosa legalidad en algunos casos, que, con la excusa de la "eliminación de trabas burocráticas", acometen una desregulación del sector que sólo puede suponer la precarización profesional y el desmantelamiento del modelo comunicativo público andaluz. Un model que, con sus carencias, supone un referente para el resto del Estado.

básicamente, este Real Decreto-Ley incentiva la gestión privada del servicio público de radiotelevisión local, ofreciendo de facilidades que abaratisquen costes y alleugerisquen requisitos de cara al negocio audiovisual. Así, se permite la externalización total de la producción, incluida la de los contenidos informativos, que constituyen la columna vertebral y la garantía fundamental del cumplimiento de los principios y de la misión de ese servicio público. No se garantiza ya que esos contenidos deban ser realizados por profesionales propios.

En la mateixa línia, se desvincula también el servicio audiovisual locala de su principal rasgo de identidad: la programación de proximidad . Tras la aprobación del "decretazo» la Ley Audiovisual no obliga ya a los prestadores del servicio en contar con un centro de producción ni con profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de cobertura, lo que en la práctica puede convertir a los medios locales en meros redifusores de contenidos televisivos o radiofónicos foráneos, con un objetivo fundamentalmente comercial. Esta falta de arraigo territorial es especialmente llamativa en el caso de los medios comunitarios, a los que se desnaturaliza y los que se despoja de su razón de ser, ya que no contar con estos centros de producción hace impensable el ejercicio del derecho de acceso y la col·ción de las asociaciones y grupos sociales locales.

En este sentido, las referencias a la emisión de contenidos de interés local, que pasan de ser exclusivos "a ser" preferentes ", es un brindis al sol cuando no se garantiza la producción de proximidad , ni se concreta el propio concepto de esta programación de interés local.

Otro de los aspectos preocupantes de la modificación operada por el Real Decreto-Ley es el hecho de que desde la Administración se amparan prácticas y·lícitas y fraudulentas, permitiendo que las emisoras de radio y los canales de televisión que desarrollan su actividad sin el perceptivo título habilitante, o sin haber cumplido el requisito de información previa, puedan difundir comunicaciones comerciales con absoluta impunidad, És més, los anunciantes y agencias de publicidad , que hasta ahora se consideraban col·dores necesarios de este acto y·lícito, exonerados de cualquier responsabilidad infractora, en contra de lo establecido por la legislación audiovisual europea o de la existente en otros ámbitos como el juego o la propiedad intelectual·lectual. Ni siquiera se exige a estas empresas anunciantes o publicitarias el deber de col·ración en el ejercicio de las (ya minimizadas) facultades de inspección por parte de las autoridades competentes en el ámbito audiovisual.

Para culminar esa desregulación, otorga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual privados una discrecionalidad casi total para interrumpir ese servicio o suspenderlo, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la autoridad audiovisual competente.

En relación a la accesibilidad de las `personas con discapacidad, eliminan las obligaciones establecidas para la televisión local contempladas en la Ley Audiovisual, considerando que aquestesobligacions suponen un "enorme riesgo" para la prestación del servicio.

Finalmente, y en cuanto a las competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía , se elimina la obligación de contar con su informe preceptivo y previo sobre los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes y sobre las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias en cuanto a la composición accionarial de los licitadores, el objetivo era garantizar el pluralismo y la libre competencia en el sector, así como prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante. Su papel queda limitado a informar sobre las propuestas de resolución en los procedimientos de otorgamiento , renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónica y televisiva "de ámbito autonómico".

Queremos mostrar nuestra (AUC i ACICOM) preocupación ante unas medidas que no plantean cuáles son los problemas que afectan a la viabilidad de las radios y televisiones locales andaluzas públicas y comunitarias, ni tampoco avanzan en el desarrollo de un modelo audiovisual sostenible, de acuerdo con el nuevo entorno digital. Per contra, vacían parcialmente de contenido la legislación autonómica en este ámbito, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico en 2018. Y limitan las competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía , uno de los dos únicos órganos de regulación que nos acercan a lo que es común en todos los países europeos.

 

NOTA TÉCNICA Y ANÁLISIS DEL RD RESPECTO AL SERVICIO PÚBLICO DE RADIO Y TELEVISIÓN

LA (CONTRA)REFORMA AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía ha aprobado el Real Decreto Ley 2/2020, el 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que entre sus muchas vertientes modifica la normativa sobre comunicación audiovisual hasta el momento vigente en la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el preámbulo de la norma, "Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y en una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público ", a lo que se añade "un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral".

A partir de este diagnóstico, las medidas aprobadas van todas en la línea de "agilizar la tramitación de algunos procedimientos (...) favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual (...), eliminar trabas burocráticas "y, en definitiva, fomentar la actividad económica y productiva.

Con estos objetivos, el articulo 28 del Real Decreto Ley aprobado modifica ampliamente la Ley 10/2018, el 9 d'octubre, Audiovisual d'Andalusia, limitando las competencias de la Administración, flexibilizando el campo de actuación de la iniciativa privada y relativizando algunos de los hasta ahora considerados pilares de la gestión del servicio público en el ámbito local.

Veamos, resumidament, cuáles son estos cambios en el modelo audiovisual andaluz:

Interrupción y suspensión del servicio de comunicación audiovisual

En su versión inicial, la Ley Audiovisual de Andalucía contemplaba para una eventual interrupción del servicio tanto la existencia de causas de fuerza mayor, que deberán determinarse reglamentariamente junto con el procedimiento a seguir, como la autorización de la misma por parte de "la persona titular del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social" (artículo 33.b). Tras la aprobación del Real Decreto Ley, se obvia la necesidad de esta autorización administrativa previa, vinculándose únicamente a la decisión (en todo caso motivada) del operador.

En la mateixa línia, se plantea la posibilidad de que el prestador del servicio público de comunicación audiovisual pueda suspender temporalmente este servicio sin necesidad de sol·licitar y recibir autorización por parte del órgano directivo competente, simplemente con una comunicación de la persona concesionaria (hay que suponer que motivando y justificando la decisión).

Definición y alcance del servicio público de comunicación audiovisual

Se modifica el artículo 44 para eliminar la condición de que el servicio público de comunicación audiovisual deba prestarse siempre bajo el régimen de gestión directa, con el fin de permitir "a las corporaciones locales decidir libremente sobre la manera de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión".

Igualment, se modifican los apartados 1, 4 en 6 del articulo 46, sobre la gestión del servicio público, de manera que:

?? Se permite que el servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local cuya titularidad corresponda a entidades locales pueda prestarse mediante gestión indirecta.

?? La prestación mediante gestión directa del servicio de comunicación audiovisual pueda contar con la col·boración de otras entidades y personas cuando sea necesaria la disponibilidad de medios materiales o profesionales ajenos al ente o la sociedad responsable, i finlandesa (lo que anteriormente estaba prohibido) para contenidos de difusión de información diaria.

?? La renovación de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, que se otorga por un plazo de quince años, no requiera de sol·licitud expresa, sino que sea automática por periodos iguales siempre que se cumplan los requisitos legales.

con esto, decir del mismo Real Decreto Ley, "se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local" facilitando "la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía".

En el aspecto concreto de las renovaciones, que como hemos visto se producirán de oficio o de manera automática, es busca agilizar el procedimiento administrativo y favorecer la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que, s'afirma, "En muchas ocasiones esta solo·licitud no era presentada en tiempo y en forma ". Así mismo, se señala que el hecho de que las corporaciones locales disponen de la concesión hasta su renuncia (siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios), "Contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local".

Ubicación en el ámbito territorial. proximidad

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley, los prestadores locales debían disponer obligatoriamente de un estudio de producción operativo en su ámbito territorial de cobertura. Así lo establecía el artículo 36.1d), en el caso de las personas prestadoras privadas de carácter comercial: "Disponer de un estudio de producción operativo con personal a cargo de la emisora ​​y situado en el ámbito territorial de cobertura" . Por su parte, el articulo 37, referido a las personas prestadoras públicas locales, hablaba en su letra c) de "disponer de un estudio de producción operativo situado y gestionado en el ámbito territorial de cobertura ". Yo el artículo 38.1.c, referido a las personas prestadoras comunitarias y no comunitarias sin ánimo de lucro se refería a "disponer de un estudio de producción operativo situado en su ámbito territorial de cobertura que pueda ser utilizado por las asociaciones y grupos sociales que aportan contenidos en la programación ".

Esta obligación queda ahora suprimida para todos los operadores, según se dice por suponer "una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía", acercando "la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de estas ".

Cambios en las obligaciones de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local

En relación con los prestadores públicos de ámbito local introducen, además, otra serie de cambios en sus obligaciones:

  • La letra b) del articulo 37 excluía de su programación las emisiones en cadena, pudiendo sólo compartir emisiones en red y sin poder conectarse en ningún caso a servicios de comunicación audiovisual de prestadores privados de carácter comercial. Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley, pueden realizar emisiones en cadena, así como conectarse a servicios de comunicación audiovisual de estos prestadores privados de carácter comercial, además de compartir emisiones en
  • La letra d) permitía emitir exclusivamente programación de contenido de interés local, mientras que ahora se habla de emitir preferentemente esta programación. Se mantiene la cuota máxima del 60% del tiempo de emisión para las * redifusiones, que deberán identificarse, así como la necesaria inclusión en la programación de interés local (que, recordemos, ahora ya no es contenido exclusivo y excluyente) de programas de carácter informativo local con una duración total de, almenys, diez horas semanales. Con la modificación se vincula a un desarrollo reglamentario posterior el concepto de programación de contenido de interés local, así como sus características y
  • La letra e) garantia la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, la producción y la edición de los que no podía ser externalizada. Tras el Real Decreto- Ley, se habla simplemente de "favorecer la realización por profesionales de la información de los servicios informativos ".

Estos cambios que se justifican con el fin de permitir, como ya hemos indicado, "a las corporaciones locales decidir libremente sobre la manera de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión".

Emisión de publicidad por prestadores sin título habilitante y exención de responsabilidad para los anunciantes

L’article 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía prohibía la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecieran del preceptivo título habilitante, o que no hubieran cumplido con el deber de comunicación previa. Esta prohibición se extendía, a efectos de su consideración como responsables de la infracción, a las personas anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios o terceras personas que posibilitaron esta inclusión o difusión.

Con el Real Decreto Ley elimina este artículo, al considerar el Gobierno andaluz que esta prohibición es "desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía". En consecuencia, elimina su mención en el elenco de prohibiciones recogida en el artículo 74, así como en los artículos 66, 80 en 81.

En concret, se modifica la letra f) del articulo 81, desapareciendo la referencia expresa al deber de col·ración para el ejercicio de las facultades de inspección de las personas que mantengan relaciones económicas, empresariales o financieras con el prestador del servicio objeto de inspección consistentes en la contratación, participación o presencia en comunicaciones comerciales audiovisuales.

Eliminación de restricciones a los negocios jurídicos

L’article 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, elimina para las partes que intervienen en el negocio jurídico sobre licencias de comunicación audiovisual, la condición contemplada en su letra c) acreditar la emisión continuada durante dos años consecutivos.

Adjudicación de licencias

Se modifica la disposición adicional tercera, referida a los criterios de valoración en la adjudicación de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, que ahora se referencia únicamente a los prestadores privados de carácter comercial.

Estatuto de la Información

Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del Estatuto de la Información, por considerarse que se trata de "una cuestión próxima a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional ". Hay que recordar que la mencionada disposición establecía que en el transcurso de un año desde la aprobación de la Ley debía aprobarse el mencionado Estatuto, el cual debería contener, com a mínim, la descripción del informador como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador. El Estatuto de la Información sería desarrollado de manera conjunta con los col·colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas y otras entidades del sector.

accesibilidad

En relación a las obligaciones de accesibilidad, eliminan las establecidas para la televisión local en la disposición transitoria primera de la norma, "Al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local ", además de dificultar "enormemente la emisión de programación en directo". En consecuencia, desaparecen en los apartados 2 en 3 del articulo 9 de la Ley las referencias a estas obligaciones.

Restricción de las competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía

Además de modificar la Ley Audiovisual de Andalucía, el Real Decreto Ley modifica en su artículo 7 el articulo 4 de la Ley 1/2004, el 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, restringiendo sus funciones.

Así, mientras en la versión vigente hasta el cambio operado por el Real Decreto Ley los apartados 4 en 5 del articulo 4 señalaban:

"Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:

(...)

  1. Preceptivamente y con carácter previo, a efectos de garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia
  1. A los mismos efectos, informar preceptivamente las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en cuanto a la composición accionarial de los licitadores, a fin de garantizar el pluralismo y la libre competencia en el sector, para prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición También deberá informar, con carácter previo, sobre las propuestas de resolución en los procedimientos de renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias en materia audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia ".

El nuevo apartado 4 fusiona ambos de la manera siguiente:

"Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:

(...)

  1. informar preceptivamente, con carácter previo, las propuestas de resolución en los procedimientos de otorgamiento, renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónica, así como televisiva de ámbito autonómico. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia. "

Esta eliminación de funciones, suprimiendo el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos, se justifica con el fin de agilizar la tramitación de estos procedimientos, afirmando que de acuerdo con la Ley 7/2010, el 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y después de la derogación de la Ley 10/1998, el 3 de mayo, de Televisión Privada, la legislación básica no establece para el ámbito local limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual en este ámbito local.

 

PARA SABER MÁS

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