Crònica del 10é aniversari del DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER: Del secretisme a la transparencia?

26 de septiembre de 2012. Crónica del acto:

Del secretisme a la transparencia?:

DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

CON ESTA LEY SEGUIREMOS SIN PODER SABER LOS GASTOS DE LA VISITA DEL PAPA

La Ley de Transparencia, a examen.

El Club Diario Levante ha sido por segundo año el anfitrión que ha permitido la celebración en la noche del 10º aniversario del Día Internacional del Derecho a Saber. El acto ha sido organizado por ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación) con la AMB·ración de un buen número de entidades y organizaciones valencianas representantes de las cuales analizaron la situación del Derecho de Acceso a la Información de la ciudadanía en nuestro país, el único de la Unión Europea que aún no tiene en vigor una ley de transparencia.

José Ignacio Pastor Pérez, presidente d 'ACICOM, explicó el sentido del aniversario en un momento en que el proyecto de ley se está tramitando en el Congreso con poco nivel de satisfacción por parte de la sociedad. Precisamente, Pastor ha ofrecido en el auditorio la primicia informativa que se había prorrogado unas dos semanas más el plazo que concluía el 25 de septiembre para presentar enmiendas. La coalición Proaccés, a la que pertenece ACICOM, y que está formada por más de 60 organizaciones, ha elaborado un documento con Propuestas para la mejora de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Entre los doce puntos más significativos defendidos por la Coalición figuran que se contemple como un derecho fundamental, que se aplique la ley a todas las instituciones, que se definixca como información pública toda la archivada en cualquier soporte, que se facilite en formato abierto y sin limitaciones de propiedad intelectual·lectual, cambiar el silencio administrativo negativo por positivo, especificar las sanciones, crear un organismo independiente que garantice el cumplimiento de la ley, tener una actuación propositiva de difusión de la información y la necesidad de promoción de la ley con los medios necesarios.

Vicent Giménez Chornet, president del Col·Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunita t Valenciana (COBDCV) ha sido muy claro: "Esta ley es un retroceso, pone más límites que la ley 30 del 1992 y debería ser más clara, ConCreta i transparente ". Ha situado la dificultad en el acceso porque es imposible sacar toda la información en manos de la administración y por tanto para gestionar esa información y la documentación, son necesarios unos medios, presupuestos y dinero para ser consultadas.

Una opinión contraria ha mantenido Lorenzo Cotino Hueso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y Coordinador de Derechos TIC, en valorarla como "una buena ley, una ley potente y no estoy de acuerdo con las críticas de la Coalición ". Sólo precisó que querría que la ley diera más garantías, que mejore la posibilidad de no tener que ir a los tribunales y que las leyes autonómicas complementaron y no copiaron la estatal.

Francesc Martínez Gallego, profesor y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Valencia, anunció que haría un discurso más político, desde el punto de vista de la polis y la ciudadanía, y lo ha hecho. "Yo no creo que la ley sea tan buena porque se olvida de los sindicatos, los medios, el síndico de cuentas queda fuera …Defrauda perquè no es vincula a l’article 20 de la Constitución que regula el derecho fundamental a la información ". Martínez Gallego se pregunta cuál será el reglamento de la Agencia y confiesa que es muy difícil creer en una ley que ha sido tramitada de forma tan opaca como para recibir más de 80.000 propuestas de las que han sido aceptadas 3500 y sólo se han adoptado 17. Pero nadie ha podido conocer todas las aportaciones que permanecen secretas. Un gran contradicción en la tramitación de esta ley.

Angel Ambroj, representante de Auditoria Ciutadana del Deute (FFCP-PV), apuesta claramente por el empoderamiento ciudadano. “El govern, los ministros son los servidores, los que tienen nuestro dinero, nuestra información, los gestores, y nosotros queremos fiscalizar en cada momento ". Ellos aplican los recortes en 99 por ciento de la población mientras que en el 1 por cien restante, que son ellos, aplican las prerrogativas que quieren y no hay responsables jurídicos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la deuda porque si son públicos para recibir el dinero también es necesario que sean públicos para dar cuentas. Y es pregunta por qué y cuánto hem de pagar el contracte de la Formula 1 que es secreto y que alguien ha decidido que hay que pagar. Nuestra negativa surge también por la falta de transparencia . ¿Por qué es legal una cantidad y no otra, si ningún ciudadano puede ver las cifras?

Bernardino Giménez Santos, de la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates (AVJD) y Profesor de Derecho del Consumo en la Universidad de Valencia, ha situado la ley en un momento circunstancial de emergencia y reflexiona sobre el artículo 20 de la constitución que establece el derecho fundamental de recibir información veraz, por lo tanto es el ciudadano el titular del derecho.

Pero la ley no dice quién es el titular del deber. Afirma que el procedimiento que trata la ley es kafkiano y que el ciudadano tiene el derecho a la información y la participación pública.

Finalmente, Salma Cantos Sala, secretaría de comunicación delAsociación Valenciana de Politólogos (AVAPOL) y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Valencia se ha adherido a la propuesta de la Coalición de pedir la categoría de Derecho fundamental al acceso y una administración transparente. Calificó esta ley como "una ley-trampa que recoge unos derechos esenciales pero con muchas limitaciones, amplísimas excepciones con el resultado que se queda en una simple carta de intenciones ". También le falta garantías, ya que no penaliza el funcionario que incumple la ley, remite a los tribunales y algunos de los principios de buen gobierno y sus penalizaciones por incumplimiento se solapan con el código penal.

La última ronda de intervenciones breves se ha mantenido la posición divergente: mientras Cotino defendía que fuera una ley de juristas y para juristas y justificaba la no determinación del derecho de información como un derecho fundamental en el hecho de que no había tradición jurídica en este país, Vicent Giménez se mantenía pesimista por considerar que la ley nace muerta y no mejora nada y acabó con un ejemplo demoledor: "Con esta ley no tendremos acceso a los gastos de la visita del Papa"

Organiza:

Organiza:
Imagen en línea 2

Col·boran:
noulogo2Asociación Valenciana de Juristas Demócratas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*